México se encuentra entre los diez países más afectados por delitos cibernéticos a nivel mundial, y aunque la ciberseguridad es una preocupación creciente, la estrategia nacional en este ámbito no ha sido actualizada desde 2017.
En respuesta a esta necesidad urgente, Alejandra Lagunes, senadora del Partido Verde Ecologista de México, ha propuesto la Ley de Ciberseguridad y Confianza Digital, un proyecto de reforma que busca establecer un marco legal robusto para la protección de los usuarios de internet en el país.
La senadora Lagunes ha subrayado la importancia de esta ley, destacando que el cibercrimen podría costar a la economía mundial aproximadamente 10.5 billones de dólares anuales para 2025, una cifra que supera las ganancias del comercio global de todas las drogas ilegales combinadas.
Dado que México se encuentra entre los diez mercados con más reportes de delitos cibernéticos, la implementación de una normativa actualizada es crítica para la seguridad nacional.
El proyecto de ley incluye la creación de una estrategia nacional de prevención, detección y respuesta a los cibercrímenes, en la que participarían tanto entidades gubernamentales como organizaciones del sector privado y la sociedad civil. El objetivo principal es proteger la infraestructura crítica del país, la economía y los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital.
Uno de los pilares de esta ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Cibernética, que estaría respaldado por el Instituto Nacional de Innovación y Formación en Tecnologías Digitales y Ciberseguridad. Este organismo sería responsable de coordinar y ejecutar las políticas de ciberseguridad en México.
La propuesta también contempla medidas para combatir la difusión de información falsa y prácticas de acoso y discriminación en línea. Asimismo, introduce las figuras de perito de ciberseguridad y fiscal especializado en delitos cibernéticos, y añade sanciones al Código Penal Federal para castigar el uso ilícito de dispositivos que intercepten señales de comunicación privada, datos de geolocalización y redes de internet.
Las personas involucradas en la producción, venta o uso de estos dispositivos enfrentarían multas y penas de prisión que podrían variar entre dos y seis años.
Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, destacó la importancia de este proyecto, señalando que México necesita un marco jurídico en materia digital que esté a la altura de los desafíos globales. La propuesta de ley ha sido el resultado del esfuerzo conjunto de académicos, representantes del sector público y privado, y está actualmente en proceso de dictaminación.
Sin embargo, especialistas en seguridad cibernética han expresado preocupaciones sobre la efectividad de las políticas de ciberseguridad en México. Argumentan que el país carece de una estrategia unificada, y destacan la falta de infraestructura y personal capacitado como grandes desafíos.
Carlos Estrada Nava, coordinador de la Especialidad de Ciberdefensa del Ejército Mexicano, alertó recientemente que México no ha actualizado su estrategia de ciberseguridad desde 2017, lo que deja al país en una posición vulnerable ante amenazas crecientes.
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